El uniformado está imputado por los hechos punibles de asociación criminal, frustración de la persecución y ejecución penal, y cohecho pasivo.

Durante la audiencia, la defensa del imputado alegó que el peligro de fuga no se encuentra latente “ya que ninguno de los incisos del art. 243 del CPP se configuran en razón de que no existen otros testigos con los que se pueda hablar, el tipo penal por el cual fue imputado no se desprende del relato de los hechos realizados por el Ministerio Público tampoco en los antecedentes remitidos por el órgano de investigación se puede verificar o subsumir de forma previa la conducta de mi defendido”.

Agrega que el relato del hecho realizado por el Ministerio Público “es vago y carece del nexo de causalidad o tan siquiera alguna sospecha para imputar a mi defendido”. Además resalta que su cliente no puede acceder a ningún tipo de prueba, mucho menos hablar con algún coimputado o inducir a otros a efectuar algún comportamiento que obstruya la investigación y el proceso penal

La magistrada consideró en su fallo que a esta altura de la investigación “existirían suficientes elementos de convicción para considerar que el imputado, sería presumiblemente responsable de la comisión de los hechos punibles mencionados, teniendo en cuenta que se hallan agregados en autos, elementos suficientes sobre su participación en los ilícitos investigados”.

Según el Ministerio Público – señala la jueza – que Escurra se dedica al cultivo, producción y procesamiento de marihuana y acopio de productores más pequeños de la zona con fines de envío al exterior, así como también la comercialización de armas de fuego a otras organizaciones trasnacionales y de vehículos de origen ilegal, dirigiendo a la vez una organización integrada aproximadamente por más de veinte personas citando a secretarios, custodios, colaboradores y personas ubicadas en lugares estratégicos, miembros de fuerzas de seguridad del Estado, entre los que se encuentra el Sub Oficial Inspector de la Policía Nacional Rigoberto Ramírez.

“No podemos dejar de señalar que el imputado reside en una zona fronteriza, en la que existen mayores posibilidades de que el mismo pueda ocultarse o fugarse y de ese modo evitar que el proceso siga su curso. No debemos olvidar que estas actividades delictivas, son cometidas por estructuras organizadas, que tienden a generar estrategias y métodos para favorecer la fuga de sus pares y contribuir en la obstaculización probatoria”, refiere.

Además destaca que el proceso investigativo se encuentra en un estado incipiente, en la que existen altas probabilidades de que el encausado destruya o modifique elementos de pruebas, que pueda influir en los testigos, u otros miembros de la organización, a que informen falsamente sobre los hechos.

Por lo expuesto manifiesta que existe la condición suficiente para que al imputado se le aplique la medida cautelar de prisión preventiva, en la Agrupación Especializada.

Por otro lado, y a solicitud del fiscal interviniente Federico Delfino, hizo lugar al pedido de Reserva Parcial de las Actuaciones, por un plazo de diez días.

“La medida requerida reviste un carácter excepcional y provisional, pues tiene como único fin, resguardar la investigación fiscal, por lo que el plazo concedido, no podrá superar los diez días corridos, tal como lo indica la norma. Además, la medida dispuesta, no afectará el derecho constitucional del ejercicio de la defensa, pues en ejercicio de ese derecho, se ha puesto a disposición de las partes, la teoría del caso y la presunta implicancia del hasta ahora procesado.