El 2 de noviembre se estableció como el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes cometidos contra los periodistas, por impulso de Naciones Unidas.

Desde el Sindicato de Periodistas del Paraguay recuerdan que el asesinato de periodistas es la peor forma de censura, según lo establecieron los organismos internacionales de derechos humanos.

En el recuento de asesinatos de periodistas, rememoran que son 20 los trabajadores de prensa a quienes mataron en el ejercicio de su labor periodística desde 1991 al 2022.

Repudian que 9 de cada 10 crímenes quedan sin condena, muchos de ellos ni siquiera se investigan, elevando el porcentaje de impunidad en relación a este tipo de hechos.

Exigen aplicar protocolos para garantizar libre ejercicio del periodismo

Desde el SPP, junto con otras organizaciones, manifiestan la necesidad de que en Paraguay tengan efectiva y plena vigencia los derechos humanos fundamentales, entre los que remarcan el de libertad de expresión, derecho a la información, derecho al ejercicio libre y seguro del periodismo, libertad de prensa y derecho de acceso a internet.

Remarcan que en el 2022, Paraguay ha sido marcado por una serie de actos violentos contra periodistas, como el asesinato del colega Humberto Coronel en Pedro Juan Caballero, con el que suman ya 20 periodistas asesinados desde 1991, cifra que obliga al Estado y sociedad civil actuar efectivamente en mecanismos de prevención y la sanción de quienes los ejecutan.

Exigen que los tres poderes del Estado paraguayo, que firmaron en 2016 una carta de intención como compromiso para cumplir las recomendaciones hechas en el Plan de Acción de Naciones Unidas para luchar contra la impunidad en crímenes contra periodistas, establezcan la norma legislativa específica para la protección del ejercicio del periodismo, que sigue ausente.

A pesar de la impunidad del asesinato del periodista Santiago Leguizamón, estamos ante la inminencia de un fallo histórico por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado paraguayo ha admitido ya su responsabilidad. Este caso debe estimular a que los mecanismos de seguridad y justicia obren con mayor eficacia y eficiencia en crímenes contra periodistas.

Por último, alientan a que el Estado paraguayo se fortalezca para generar políticas públicas eficaces para que en el país se pueda ejercer integralmente un periodismo libre, seguro y de calidad.