El gremio farmacéutico ha expresado su preocupación y malestar ante los recientes operativos de control realizados por la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) en distintas farmacias del país. Según denuncian, estas intervenciones se estarían llevando a cabo sin respaldo legal, afectando el trabajo de profesionales y establecimientos debidamente habilitados.

La principal controversia gira en torno a la fiscalización de la Tirzepatida 15 mg/5 ml, un medicamento indicado principalmente para el tratamiento de la diabetes y utilizado también para el control de peso. Los farmacéuticos sostienen que dicho control no forma parte de las funciones de la SENAD, ya que la competencia recae exclusivamente en la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA).

“La Tirzepatida es un medicamento recetado vital para pacientes diabéticos y su control es potestad de DINAVISA. Que la SENAD se enfoque en esto es una clara invasión de competencias y desvía recursos de donde realmente se necesitan”, expresó uno de los propietarios de farmacias afectadas.

Críticas por descuidar problemas reales

El sector señala que, mientras la SENAD se concentra en inspeccionar medicamentos de prescripción médica, la venta de drogas ilícitas sigue en expansión en numerosos barrios.

Competencia desatendida: los farmacéuticos denuncian la existencia de múltiples “bocas de fumo” o narcotienditas que operan con total libertad.

Narcotráfico ‘delivery’: también apuntan a los narco-deliverys, que circulan de forma impune en la ciudad, un problema que sí corresponde directamente a la SENAD.

Un patrón que se repite cada fin de año

Otro punto que llamó la atención del sector es la periodicidad de estos controles. Afirman que, año tras año, los operativos irregulares se intensifican en esta misma época, a pocos días de las festividades de Navidad y Año Nuevo. Aunque no se animaron a precisar las razones, consideran que este patrón “no es casual”.

Los farmacéuticos solicitan que la SENAD cese los operativos fuera de su ámbito y que las instituciones actúen dentro del marco legal, garantizando así tanto la seguridad pública como el funcionamiento adecuado del sector sanitario.