Legal pidió mantener las medidas establecidas sobre los inmuebles de los acusados, así como la prisión de los mismos. Hasta la fecha, padre e hijo se encuentran con medidas alternativas a la prisión. El fiscal señaló que debe efectivizarse el encarcelamiento de ambos, debido al peligro de fuga.

El fiscal solicitó el comiso espacial hasta cubrir G. 216.160.795.503 resultado de ganancias indebidas por lo que señaló corresponde directamente el decomiso especial de cuentas corrientes e inmuebles adquiridos entre el 2013 y 2018.

La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, y el agregado de Justicia de la Embajada de EEUU en Paraguay, Brian Skaret, estuvieron presentes siguiendo los alegatos.

En el juicio solo estuvo presente Fernando González, ya que su padre Ramón González Daher siguió el juicio vía telemática en su vivienda, luego de que a través de su defensa solicitara siete días de reposo alegando problemas de salud.

El caso se inició tras la sospecha de que RGD tendría un esquema de estafa, haciendo préstamos con intereses de casi el 100%. Según la investigación, el acusado otorgaba altas sumas de dinero a personas que requerían su servicio, a intereses muy altos, y les pedía a cambio cheques como garantía.

Ramón y su hijo simularon el verdadero origen de los depósitos realizados ante las entidades bancarias donde operaban bajo la apariencia de que dichos ingresos provenían únicamente del cobro de alquileres.

Según la acusación fiscal, en el periodo entre el 2010 y 2018, Ramón incrementó sus activos por un total de G. 2.146.212.250.000 que supuestamente venían de intereses usurarios percibidos en ese periodo.

El agente del Ministerio Público habla de que no fueron declarados los préstamos que hizo, según sus declaraciones del IVA a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).

Asimismo, durante el juicio fueron exhibidos los mensajes telefónicos de amenazas para cobros, a más de varias de las denuncias por estafa y lesión de confianza que realizaron los González, con lo que se probó un esquema de aprietes y amenazas telefónicas, a más de las falsas denuncias que hacía el clan González Daher a los deudores.