Padres y pobladores de Fortuna Guazú denuncian graves irregularidades que involucran al director de colegio y agente activo de la Policía Nacional Domingo Benítez. Lo acusan de no cumplir funciones en la policia , percibir salario sin prestar servicios y utilizar una camioneta de alta gama con presunta chapa clonada y denuncia de hurto en Brasil. Piden la inmediata intervención de las autoridades competentes.

Una serie de denuncias sacude a la comunidad educativa de la colonia Fortuna Guazú, distrito de Zanja Pyta, donde el director del Colegio Nacional Isaac Ortiz, Domingo Benítez, fue señalado por supuestas irregularidades administrativas, funcionales y hasta penales.

Según manifestaciones de padres de alumnos y pobladores, Benítez —quien además se desempeña como agente activo de la Policía Nacional destinado a la Dirección de Policía de Amambay— no estaría cumpliendo funciones dentro de la institución policial, pese a figurar en planilla y percibir salario del Estado.

A esta situación se suma que el mismo ejerce simultáneamente como director del Colegio Niños Mártires de Acosta, en la localidad de Potrero Sur, además de contar con horas cátedras. Sin embargo, de acuerdo con las averiguaciones realizadas por denunciantes, tampoco acudiría regularmente a cumplir sus funciones en dicha institución.

Pero el hecho más delicado gira en torno a un vehículo que utiliza de manera habitual. Se trata de una camioneta Toyota Hilux negra con chapa paraguaya AAFT 639, la cual —según los datos— corresponde en realidad a un automóvil Ford Ka blanco, registrado a nombre de la empresa Tape Ruvicha S.A.E.C.A. Además, informaciones preliminares indican que la camioneta tendría denuncia por hurto en Brasil.

Los denunciantes califican la conducta del director como prepotente y exigen una investigación inmediata. Solicitan la intervención de la Policía Nacional para esclarecer su situación laboral y determinar si se trata de un caso de presunta planillería. Asimismo, piden la actuación del Departamento de Control de Automotores para verificar la legalidad del vehículo.

La gravedad de las acusaciones genera preocupación en la comunidad, que reclama transparencia, control institucional y una respuesta contundente de las autoridades ante hechos que podrían configurar faltas administrativas graves y eventuales delitos.