De acuerdo a la exposición de motivos, las “bolsoneras” son consideradas como una agrupación delictiva estructurada y que, dentro del comercio legal, representa el 50% de pérdida en ganancias anuales, según estudio realizado por la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (ASIMCOPAR).

Al respecto, el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), en su condición de presidente de la Comisión de Legislación y Codificación, explicó que se trata de una respuesta a un alto volumen de denuncias contra los denominados “robos bagatelarios”.

Explicó que se trata de hurtos que afectan a objetos que, por su valor de menor cuantía, no reciben un tratamiento de parte de las instituciones encargadas, que genera una gran inestabilidad social.

Es importante destacar que el Código Penal, en su artículo 172 (que se pretende modificar), castiga la apropiación o hurto, pero si el valor de lo robado no supera el equivalente a 10 jornales (G. 1.030.000), no es perseguible de oficio, solo a petición de parte.

El diputado Roberto González (ANR-Cordillera), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, explicó que al tratarse de objetos de menor cuantía, la mayoría de los afectados decide no accionar, en el entendimiento que el valor de lo hurtado, en la mayoría de los casos, es menor al honorario de un abogado.

Para corregir esta situación, el proyecto propone reducir el monto mencionado de G. 1.030.000 a G. 530.000 (5 jornales), como una manera de obligar al Ministerio Público a iniciar la persecución penal a partir de un monto menor.

La modificación establece, igualmente, que en caso de reincidencia, el Ministerio Público actuará de oficio.

Por su parte el legislador Derlis Rodríguez (ANR-Caaguazú), acompañó la aprobación del documento, lo mismo que el diputado Miguel Martínez (CN-Alto Paraná), quien refirió que, si bien el proyecto no es la solución definitiva, se trata de una acción paliativa que busca disminuir la situación actual.

El Proyecto también tuvo acompañamiento de los diputados Édgar Olmedo (ANR-Caaguazú); Yamil Esgaib (ANR-Capital) y Luis Federico Franco (PLRA-Central).

Además de la diputada Rocío Vallejo (PPQ-Capital), quien mencionó que no se trata de un problema de la Ley, sino de la aplicación de la Ley.

El proyecto de ley fue sancionado y se dispuso su remisión al Poder Ejecutivo.