Los ciudadanos fueron a la Junta Municipal de Concepción con la intención de solicitar a los ediles la rescisión de la resolución que autoriza al Ejecutivo municipal la firma de contrato con la empresa INGESA para el manejo y tratamiento de los residuos sólidos en la ciudad por un plazo de 20 años.

Sin embargo, solo se presentaron seis ediles y la sesión no se llevó adelante por falta de cuórum, hecho que motivó la reacción de los indignados que, a la fuerza ingresaron a la sala de sesiones llenando de basuras y huevos podridos el sitio.

"Muchos alertamos a nuestras autoridades que este es un contrato que dañará a la población en general, en especial al sector más vulnerable", dijo César Castillo, uno de los ciudadanos indignados.

Digna Ortíz, otra pobladora, mencionó que los concejales se comprometieron con el intendente, Alejandro Urbieta, para permitir el contrato leonino que no tendrá compasión a las familias humildes.

"Todos estos concejales firmaron en contra de los intereses de la población, son unos traidores", dijo entre otras cosas la mujer.

Miguel Domínguez, concejal liberal, se mostró ofuscado porque considera que la actitud de los indignados es un atropello a una institución. Señaló que faltan a la verdad en sus argumentos, ya que la empresa jamás podrá apoderarse de propiedades privadas por una deuda de cinco a seis meses.

La Policía Nacional tuvo intervención en el hecho, lo cual produjo un disturbio de discusiones entre los indignados y el director policial, el comisario Crescencio Portillo, quien trató de sacarlos del seno de la Junta Municipal.