El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados adoptó varias medidas contra el juez Cristhian Ariel Sánchez Zaracho, magistrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de Capitán Bado, Circunscripción Judicial de Amambay.

Durante su sesión ordinaria de este jueves 17 de septiembre, el JEM resolvió disponer el desafuero del magistrado, iniciar de oficio su enjuiciamiento por la presunta comisión de hechos punibles y solicitar a la Corte Suprema de Justicia su suspensión en el cargo.

El organismo también resolvió suspender la tramitación del enjuiciamiento hasta que recaiga una resolución que ponga fin a la causa en sede penal, conforme a lo establecido en la Ley N.º 6814/2021.

La causa penal que afronta

Sánchez Zaracho fue imputado por los fiscales Christian Benítez y Verónica Valdez, de las unidades especializadas en Delitos Económicos y Anticorrupción y Lavado de Dinero, por supuesto lavado de activos en la modalidad de frustración del comiso.

La investigación está rel

acionada con dos inmuebles alcanzados por medidas cautelares y con expectativa de comiso dentro de la causa penal N.º 9621/2017, “Luiz Carlos Da Rocha y otros s/ Lavado de Activos, Tráfico Ilícito y Delitos Conexos”, conocida como caso “Cabeza Branca”.

Según la imputación fiscal, en agosto de 2023 la SENABICO informó al magistrado que los inmuebles contaban con medidas cautelares vigentes. Posteriormente, informes de la Dirección General de los Registros Públicos también habrían confirmado la existencia de una prohibición de innovar. Pese a ello, la Fiscalía sostiene que el juez habría dispuesto la subasta de las propiedades. 

La subasta se concretó el 8 de noviembre de 2023 y los inmuebles fueron adjudicados a la firma Grupo Paraná S.A. De acuerdo con el Ministerio Público, el 28 de noviembre de ese año Sánchez Zaracho aprobó la subasta y posteriormente habría ordenado la inscripción preventiva de los bienes a favor de la empresa adjudicada. Registros Públicos rechazó la inscripción debido a que las medidas cautelares seguían vigentes.

La investigación penal continúa y la imputación constituye una atribución provisoria de hechos, por lo que el magistrado conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.