Los agentes policiales tienen la prohibición de utilizar vehículos irregulares.

En una nota dirigida a los directores de Policía y distintos jefes de dependencias, se ordena habilitar un libro de registro de los automóviles sin logo de la institución y de los vehículos particulares utilizados para tareas de inteligencia e investigativas.

En la nota, se especifica que los vehículos deben contar con orden de trabajo para las tareas que les fueron impuestas.

“Queda terminantemente prohibido la posesión, el uso y el acceso a la Institución de vehículos irregulares por parte del personal policial”, dice parte de la nota firmada por el comandante Francisco Resquín.

Esta fue una de las primeras decisiones tomadas por el ministro del Interior Arnaldo Giuzzio, que ayer se trasladó hasta la Comandancia para una reunión con el comisario Francisco Resquín, máxima autoridad policial, en el primer día en su nueva función.

Se dio luego de una denuncia realizada por el senador Fernando Silva Facetti, que reveló que el suboficial Fredy César Vera, que fue víctima de sicariato en Pedro Juan Caballero, manejaba una camioneta Jeep, que habría sido robada en el Brasil.

Giuzzio y Resquín también conversaron sobre las barreras policiales y concluyeron que se realizarán solo en los peajes de las rutas, donde están instaladas las cámaras de circuito cerrado y se puede controlar el accionar de los agentes.

Giuzzio indicó que el principal reto es reemplazar las barreras realizadas en distintos puntos del país por otros sistemas de control. “Los controles policiales personales van a levantarse de forma progresiva, pero debe ir reemplazado por tecnología, para no perder el proceso de control”, detalló el secretario de Estado.

Por su parte, el comisario Francisco Resquín detalló que las medidas serán puestas en funcionamiento desde este fin de semana y que se está en conversaciones con el Ministerio de Obras Públicas para ir ampliando los sectores donde estarán apostados los agentes para el control de automóviles que circulan por las rutas del país.

EXTORSIÓN. Uno de los motivos por el que se tomó esta decisión es el caso que involucró a agentes de la comisaría de Torín, Departamento de Caaguazú, donde cuatro agentes y el comisario de la sede policial fueron imputados por una denuncia de extorsión y secuestro a una pareja de brasileños.

Por este hecho fue detenido e imputado el comisario Alcides Velázquez y otros agentes subalternos, denunciados por Mateus Mangiocca (22), y Julia de Lima Venancio (21), a quienes supuestamente pidieron la suma de 50 mil Reales (alrededor de G. 60.000.000) en medio de un control realizado en la mencionada localidad.

Los uniformados habrían retenido contra su voluntad a los turistas con el pretexto de que el registro de conducir de uno de ellos, supuestamente no era válido para circular por el país.