El Tribunal de Apelación en lo Penal, integrado por los magistrados Pedro Mayor Martínez, Gustavo Santander Dans y Gustavo Ocampos González, por medio del Auto Interlocutorio N° 455 de fecha 9 de noviembre de 2021, confirmó la providencia de fecha 20 de setiembre de 2021 dictada por el juez penal de garantías Rolando Duarte.

De esta forma, la Cámara rechazó el recurso de apelación en subsidio que interpuso la defensora pública Dorina Frutos, quien ejerce la defensa de Édgar Daniel Torales, contra la citada providencia. En la misma, el magistrado resolvió lo siguiente: “Proceda la solicitante a recurrir a la autoridad administrativa pertinente.

”Esta es la segunda ocasión en que el procesado por narcotráfico recibe una negativa para su traslado al penal de Pedro Juan.

El 28 de setiembre fue rechazado el primer petitorio realizado por la defensora pública, que había planteado mediante un recurso de reposición con apelación subsidiaria contra la resolución emanada por el juez Duarte.

En dicha presentación, Frutos argumentó su planteamiento con que “los familiares de mi defendido están insistiendo en su traslado por acercamiento familiar fundado en la falta de recursos económicos para trasladarse a la Penitenciaría Regional de Emboscada Padre de la Vega”.

Por esa razón, sumado a que la hija del encausado reside en la capital de Amambay, según se hizo constar con el documento de vida y residencia, la defensora solicitó “que en consecuencia se haga lugar al recurso de reposición interpuesto, revoque la providencia [...] y se disponga el traslado de mi defendido Édgar Torales a la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero por acercamiento familiar”.

Sobre el nuevo rechazo al recurso interpuesto por la defensora pública, los integrantes de la Cámara señalaron que “el incoado es un miembro activo de una organización dedicada al comercio y traslado de sustancias estupefacientes, ya que durante el procedimiento realizado en el departamento de Amambay se incautó del mismo 145 kilogramos de pasta base de cocaína procedentes de Bolivia y tenía destinoel Brasil.

Por lo tanto, se consideró que “al pertenecer a una organización criminal es evidente que el peligro de fuga sea alto durante su traslado a la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero”.