Según denuncias de los propios pobladores, la abogada Mirna Rodríguez estaría asesorando de manera extraoficial a un grupo liderado por las señoras Eleuteria Sosa y Juana Torres, ambas exintegrantes de la comisión original del asentamiento. Estas personas, que en su momento acompañaron el proceso organizativo inicial, hoy estarían impulsando la creación de una nueva comisión paralela con el supuesto objetivo de desplazar a varias de las familias asentadas, para dar ingreso a nuevos grupos, lo que genera alarma entre los ocupantes actuales.

“Nosotros llevamos años luchando por estas tierras, soportamos desalojos, hambre, frío… y ahora quieren venir a dividirnos por intereses personales”, expresó una de las vecinas afectadas, quien pidió resguardar su identidad por temor a represalias.

Los terrenos en disputa se encuentran en la colonia Fortuna Guasu, y tienen un trasfondo legal complejo. Estas tierras habrían pertenecido al hoy condenado por lavado de dinero en Brasil, Dario Messer, lo que añade un componente judicial delicado al caso. Actualmente, el estatus jurídico del inmueble aún es incierto, lo que dificulta la formalización de la propiedad para las familias asentadas.

A las maniobras divisorias también se suma la figura de Wilberto Pérez, quien presuntamente acompaña los movimientos de la abogada Rodríguez. Pérez es conocido en el ámbito político local, pero su reputación está marcada por múltiples cuestionamientos.

Desde la comisión actual del asentamiento denuncian que detrás de la nueva iniciativa existen intereses económicos y políticos que buscan capitalizarse a costa del sufrimiento y la vulnerabilidad de las familias que por años han trabajado la tierra.

“Acá no se trata solo de tierras, se trata de dignidad y justicia. No vamos a permitir que nos arrebaten lo que conseguimos con sacrificio”, manifestó otro miembro del asentamiento.

Hasta el momento, ni la Secretaría Nacional de Bienes Incautados (Senabico) ni otras autoridades competentes se han pronunciado oficialmente sobre la situación.

La comunidad espera que las autoridades intervengan para evitar un conflicto mayor y garantizar la transparencia y equidad en cualquier proceso relacionado con el destino de estas tierras.