La situación se ha generado en la Escuela San Lorenzo, donde el señor Leonardo Ortiz, utilizando una radio comunitaria, encabeza y promueve la toma de la institución y la suspensión de las actividades escolares. Según la información disponible, estas acciones estarían motivadas por intereses personales vinculados a la designación de personas en cargos vacantes dentro de la supervisión educativa, lo que ha generado una gran incertidumbre en la comunidad.

Es crucial recordar que la educación es un bien común y un derecho fundamental de todos los menores, protegido por la Constitución Nacional y la Ley N.° 1680 de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia. Incitar al cierre de instituciones educativas o impedir el acceso a ellas puede constituir un delito según el Código Penal Paraguayo, con penas privativas de libertad, afectando a todos los involucrados y los medios utilizados.

Altas autoridades del poder judicial han afirmado que las instituciones educativas públicas son patrimonio de la comunidad y nadie tiene derecho a impedir su funcionamiento o acceso, lo que también constituye un delito. Un director de escuela ha manifestado su preocupación, señalando que en agosto se inician los eventos deportivos y lúdicos por el Día del Niño, una actividad muy esperada por los estudiantes. Impedir la asistencia a clases no solo vulnera los derechos de los menores, sino que también genera la pérdida de los alimentos del programa Hambre Cero, que proporciona desayuno, almuerzo y merienda a los estudiantes.

Además, circulan informaciones extraoficiales que Ortiz busca protagonismo con miras a postularse como candidato a intendente o concejal, respondiendo a intereses particulares, lo que añade otra capa de complejidad a la situación.