Durante años, generaciones enteras de estudiantes han sostenido rutinas extenuantes: jornadas que comienzan a las cuatro de la mañana para estudiar, continúan con largas horas de trabajo desde temprano, y culminan en aulas universitarias donde el cansancio se enfrenta con la determinación de aprender. Seis años o más, de cursillos de ingreso, exámenes rigurosos, revisiones interminables de calificaciones y trámites burocráticos que, además de costosos, suelen extenderse en el tiempo antes de otorgar el ansiado título.

Ese recorrido no es simbólico. Es el filtro que garantiza que quien egresa como «abogado» comprenda la dimensión de su rol: el de auxiliar de la justicia, custodio de normas, intérprete de derechos y deberes.

Por eso, el escándalo de un título presuntamente falso no solo interpela a una persona, sino que erosiona la credibilidad de toda una profesión. Porque instala una pregunta incómoda y devastadora: ¿vale lo mismo el esfuerzo honesto que el atajo fraudulento? ¿Se ha reducido la investidura de abogado a un mero trámite, accesible incluso para quien no ha pisado un aula?

Las dudas que emergen son inevitables. ¿Quiénes fueron sus compañeros de clase? ¿Quiénes sus docentes? ¿Conoce siquiera los conceptos básicos que estructuran la ciencia jurídica, como el derecho objetivo y subjetivo, o la diferencia entre hechos y actos jurídicos? Más allá de lo anecdótico, estas preguntas revelan una inquietud más profunda: la posible banalización del conocimiento en espacios donde debería primar la excelencia.

El problema, sin embargo, no se agota en lo individual. También alcanza a las instituciones. El silencio de la universidad involucrada, la falta de explicaciones claras y la ausencia de responsabilidades visibles alimentan la sospecha de que este no sería un caso aislado. Y si no lo es, la gravedad se multiplica.

A ello se suma un elemento aún más preocupante: la percepción de que ciertas decisiones judiciales podrían estar orientadas a evitar que el caso escale y termine comprometiendo a otros actores del poder político. Cuando la ciudadanía percibe que la ley no se aplica con el mismo rigor para todos, el daño institucional es profundo y duradero.

El Derecho no es solo una carrera universitaria; es una construcción ética y social. Quienes lo ejercen no solo litigan o interpretan normas: sostienen, en buena medida, la confianza en el sistema de justicia.

Por eso, este caso duele. Duele en la memoria de quienes pasaron frío o calor en aulas precarias, de quienes se durmieron sobre libros tras jornadas agotadoras, de quienes sintieron temblar sus manos al firmar un diploma ganado con esfuerzo.

Esa emoción, la del deber cumplido, no puede ser equiparada con la sombra de la falsificación ni con la impunidad.

Porque cuando un título pierde su valor, no se degrada solo un documento: se resiente todo el sistema. Y cuando la ética cede ante la conveniencia, lo que está en juego ya no es una carrera, sino la credibilidad misma de la justicia.

Por Firmino Benítez