En principio el proyecto también alcanzaba a las municipalidades y gobernaciones, pero pedido del colorado cartista Basilio Bachi Núñez, se excluyó a los mismos de la disposición. El documento pasó al Senado para su estudio.

De esta manera, se prohíben la asignación, descuento, exoneración y entrega de combustible, tarjetas personales o de cupos de combustibles a las autoridades y funcionarios de los Poderes del Estado (Diputados, Senadores, parlasurianos y directores de todas las dependencias nacionales y binacionales) y de los Organismos y Entidades del Estado (OEE).

También se incluye a las empresas públicas y aquellas de economía mixta, las sociedades anónimas con participación accionaria mayoritaria del Estado y las municipalidades, en todas sus modalidades, como medida de racionalización del gasto público. Esta medida será de carácter permanente.

La propuesta fue planteada por la diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González. "Bajo ningún criterio que se entienda por racional los privilegios a las autoridades de cualquier índole deben continuar vigentes, y más en lo que hace a la asignación de cupos de combustible en medio de una crisis sin precedentes en los últimos años, donde el precio se ha disparado llegando a superar los 10.000 G. por litro", argumentó la parlamentaria en su exposición de motivo.

Aseguro que el hecho de que estas asignaciones continúen vigentes es el producto de una conducta "que supura obscenidad" hacia una ciudadanía que mantiene a cuestas a este Estado elefantiásico que solo se reconoce como tal cuando de asignar privilegios se trata.