El brutal homicidio del abogado Gustavo Medina Carneiro, registrado en mayo de este año en Pedro Juan Caballero, suma controversia luego de que el fiscal Rodrigo Espínola decidiera levantar las órdenes de detención y no imputar a los presuntos vinculados al crimen.

Las mujeres Carolina Candia León y Shirley Daiara Bordón, identificadas como piezas fundamentales en la logística del asesinato, habían sido señaladas en base a evidencias obtenidas en un allanamiento en un inmueble utilizado como aguantadero por los sicarios. Según el comisario principal Hugo Grance, ambas se encargaron del alquiler de la vivienda, la contratación de herreros para reforzar el portón que ocultaba a los asesinos y del abastecimiento de víveres mediante compras en un supermercado.

Sin embargo, pese a estos elementos, Candia y Bordón fueron puestas en libertad sin siquiera ser imputadas, tras presentarse de manera voluntaria con sus abogados. La decisión generó indignación en los agentes investigadores, quienes consideran que la Fiscalía desestimó el trabajo técnico e inteligencia policial realizado en el caso.

Otro presunto involucrado, Arnaldo Barrios Alvarenga, en cuya vivienda se hallaron evidencias vinculadas al crimen, tampoco fue imputado. Solo se dictó una orden de detención en su contra, medida también cuestionada por el manejo discrecional del fiscal Espínola.

De acuerdo con fuentes cercanas a la víctima, el móvil del asesinato estaría relacionado con una disputa por honorarios profesionales de un caso en el que Medina debía percibir un monto elevado, lo cual la parte afectada se habría negado a pagar. Esta hipótesis es compartida tanto por la Policía como por el Ministerio Público.

Este giro inesperado en la causa deja más interrogantes que respuestas y refuerza la percepción de que ciertos sectores de la justicia actúan con discrecionalidad preocupante, lo que debilita la lucha contra el crimen organizado y la impunidad en la región.