En el escritorio dirigido al Fiscal General del Estado, Dr. Emiliano Rolón Fernández, los abogados Hugo César Garay Escurra y Justino Adrián Ramírez Peña, representantes legales de la familia Gómez, han interpuesto una recusación con causa contra la Fiscal Adjunta Matilde Moreno, argumentando que su actuación en el caso compromete gravemente los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad que rigen la actuación del Ministerio Público.

La familia Gómez, que actúa como víctima en la causa por la muerte del diputado Eulalio "Lalo" Gómez, denuncia una serie de irregularidades y omisiones en la investigación, que incluyen:

• Omisión del levantamiento del cadáver en el lugar del hecho: Procedimiento considerado esencial para la preservación de la escena del crimen y la obtención de indicios forenses.
• Ausencia de aislamiento y lacrado de la escena del crimen: Lo que impide garantizar la integridad de las evidencias.

• Violación de la cadena de custodia: Pese a la presencia de cuatro agentes fiscales, no se preservaron adecuadamente las pruebas.
• Inobservancia del tratamiento forense de la prenda de la víctima: La camiseta que vestía, potencialmente portadora de rastros balísticos, no fue remitida al laboratorio forense.
• Falta de incautación de todas las armas de fuego de los agentes policiales: Lo que dificulta la reconstrucción del hecho y el establecimiento de responsabilidades.

• Injustificada falta de imputación formal: A pesar de la existencia de evidencia suficiente, no se ha promovido ninguna imputación.
• Violación del principio de territorialidad: La Fiscal Adjunta Matilde Moreno, que ejerce funciones en Asunción, carece de competencia territorial para intervenir en el caso, ya que el hecho ocurrió en el Departamento de Amambay.

Los abogados de la familia Gómez señalan que estas omisiones vulneran el artículo 68 del Código Procesal Penal, que garantiza a las víctimas el derecho a intervenir activamente en el proceso, a recibir un trato digno y a la tutela efectiva de sus derechos.

Además, destacan que la actuación de la Fiscal Adjunta Moreno constituye una grave infracción a las normas del debido proceso, al carecer de competencia territorial para intervenir en la causa, conforme a lo dispuesto en los artículos 31 al 35 del Código Procesal Penal.

Ante estas irregularidades, la familia Gómez exige la inmediata separación de la Fiscal Adjunta Matilde Moreno de la causa y la designación de un fiscal competente en la jurisdicción de Amambay para garantizar una investigación imparcial y el esclarecimiento de la muerte del diputado Eulalio "Lalo" Gómez.