La imputación es por los hechos de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal por "obras fantasmas" de la Gobernación de Central, según informó la Fiscalía en sus redes sociales, que en un principio indicó que fue el gobernador más otras 15 personas.

Los imputados además del gobernador son: Javier Marcelo Rojas Giménez, director general de Administración y Finanzas de la Gobernación; Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo, presidente de la Fundación CIAP, Paulino De Los Santos Palacios Recalde, tesorero de la misma organización y Nicolás Eduardo Emanuel Álvarez Doria, síndico actual de CIAP.

Además fueron incluidos Lourdes Verónica Lezcano Decoud, secretaria General de la Gobernación, Armando Adolfo Soler Espínola, secretario de Obras Públicas de la Gobernación; Luis Eduardo Allende Araujo, ex jefe de Tesorería de la Gobernación, y Edgar José Zaracho Quintana, asesor Jurídico General de la Gobernación.

La lista continúa con Guido Rolando Portillo Torres, jefe del Departamento de Presupuesto de la Gobernación, Modesta Valiente Escobar, funcionaria de la Dirección de Administración y Finanzas, José Félix Grau Fernández, contratista, Oscar Morel Oses, contratista, Oscar Laureano Gaete Gómez , contratista y Adalberto Benítez Aguilera, ex jefe del departamento de fiscalización de obras de la Gobernación.

El proceso fue abierto tras varios meses de realizarse la denuncia presentada por los concejales departamentales, en junio de este 2021.

El caso salió a luz tras la publicación de la rendición de cuentas de la Gobernación sobre los fondos Covid y la averiguación de los datos por parte de dos concejales liberales.

Tras realizarse esta primera denuncia, el 8 de julio, la Secretaría Anticorrupción y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) presentó una denuncia por la falsificación de facturas y otras inconsistencias halladas en la rendición de cuentas de la administración de Hugo Javier.

El Fisco urgió una inmediata intervención de la Fiscalía, ya que se estaba frente a elementos contundentes que demostrarían una lesión de confianza, pero el fiscal Rodrigo Estigarribia alegó, en la etapa inicial de la investigación, que los informes de la Contraloría y la SET son cruciales en el caso.

La semana pasada, concejales departamentales del Partido Liberal Radical Auténtico (PRLA) de Central presentaron una nueva denuncia contra el gobernador Hugo Javier González por un perjuicio patrimonial de G. 18.000 millones, dinero que habría desaparecido sin documentaciones. Esta sería una segunda denuncia presentada contra el político cartista.