Los agentes fiscales Christian Benítez y Verónica Valdez, de las unidades especializadas en Delitos Económicos y Anticorrupción y Lavado de Dinero, formularon imputación contra el juez Cristhian Ariel Sánchez y solicitaron al Juzgado Penal de Garantías que se tramite su desafuero.

La investigación guarda relación con dos inmuebles alcanzados por medidas cautelares y con expectativa de comiso dentro de la causa penal Nº 9621/2017, “Luiz Carlos Da Rocha y otros s/ Lavado de Activos, Tráfico Ilícito y Delitos Conexos”, conocida como Caso Cabeza Branca.

De acuerdo con la imputación fiscal, en agosto de 2023 la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) había informado al juez Sánchez que los inmuebles contaban con medidas cautelares vigentes dictadas en dicha causa penal.

Pese a esa comunicación, el magistrado habría dispuesto la subasta pública de ambas propiedades.

El escrito fiscal señala además que informes posteriores de la Dirección General de los Registros Públicos, emitidos en octubre y noviembre de 2023 a pedido del propio juez, confirmaron la vigencia de una prohibición de innovar dictada por la jueza penal de garantías Lici María Teresa Sánchez.

Según la Fiscalía, pese a contar con esos informes, la subasta ordenada por Cristhian Ariel Sánchez se realizó el 8 de noviembre de 2023, ocasión en que los inmuebles fueron adjudicados a la firma Grupo Paraná S.A.

Posteriormente, el 28 de noviembre de 2023, el magistrado habría aprobado la subasta y ordenado la inscripción preventiva de los bienes a favor de la firma adjudicada, librando los correspondientes oficios a la Dirección General de los Registros Públicos.

La institución, sin embargo, rechazó la inscripción debido a que las medidas cautelares dictadas dentro del proceso penal continuaban vigentes.

Conforme a la hipótesis fiscal, estas actuaciones atribuidas al juez Cristhian Ariel Sánchez configurarían el supuesto hecho punible de lavado de activos en su alternativa de frustrar el comiso.

Los fiscales solicitaron su desafuero y un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo.