El fiscal Rodrigo Estigarribia imputó y dispuso la prisión preventiva de los efectivos policiales Ramón B. Vargas Espinoza, de la Dirección de Policía de Ñeembucú, y Félix A. Ayala Caballero, del Departamento de Judiciales de la Policía Nacional.

Ambos agentes presuntamente alteraron 27 veces el sistema informático para beneficiar al presunto narco José Luis Bogado Quevedo, herido en el festival Jaumina en San Bernardino, el domingo 30 de enero, y que cuenta con orden de captura internacional.

Los agentes, que fueron apartados de sus cargos y ya se encuentran bajo sumario administrativo, fueron imputados por el delito de frustración de la persecución y ejecución penal.

El caso saltó a la luz luego de que el herido ingresara a un hospital privado mostrando un documento brasileño que no le correspondía, ya que sobre el mismo pesa una orden de captura desde el 2014 por presuntamente liderar una banda criminal que trafica drogas y armas a nivel internacional.

Al conocerse la verdadera identidad del hombre, la Policía se percató que la orden de captura que pesaba sobre José Luis Quevedo fue levantada de la base informática y que el motivo del pedido de prisión era por incumplimiento de prestación alimentaria y no así por narcotráfico.

Ante esta situación se inició un sumario administrativo y se constató que el expediente de Quevedo Bogado fue modificado reiteradas veces, muchas de ellas este lunes tras el tiroteo.

Por su parte, el agente Ramón Vargas alegó a su superior el comisario Ricardo Leguizamón, jefe de Prevención de la Policía Nacional del Departamento de Ñeembucú, que se trató de “un error” y que prácticamente un año después —justo tras la mediatización del caso— se percató de ello.

José Luis Bogado Quevedo recibió un balazo durante el tiroteo en el festival Jaumina llevado a cabo en el anfiteatro José Asunción Flores de San Bernardino, donde resultaron heridas otras personas y fallecieron Marcos Mora Rojas, además de la influencer Cristina Vita Aranda.