La crisis política que atraviesa la Municipalidad de Zanja Pytã continúa escalando. El Tribunal Electoral de Amambay abrió formalmente juicio en torno a la controversia surgida tras la designación de dos concejales que reclaman ejercer la Intendencia de manera interina luego de la renuncia de Pablino Arévalos (ANR), quien dejó el cargo para postularse nuevamente al Ejecutivo Municipal.

El conflicto enfrenta al concejal Antero Ruiz (PLRA), quien sostiene haber sido electo intendente interino por la Junta Municipal durante una sesión extraordinaria, y a la concejal Perla Franco (ANR), quien afirma haber sido designada legalmente para ocupar el mismo cargo.

En declaraciones a Infonortepy.com, la presidenta del Tribunal Electoral de Amambay, Roselí Echeguren, integrante del colegiado junto con Daisy Paredes y Víctor Martínez, explicó que el tribunal recibió presentaciones de ambas partes.

Según detalló, Antero Ruiz se limitó a comunicar oficialmente su designación como intendente interino mediante la resolución adoptada por la Junta Municipal. En tanto, Perla Franco promovió una demanda de nulidad contra dicha resolución.

"Es un juicio abierto. Se le corrió traslado a la otra parte acerca de la demanda iniciada. Ahora el concejal Antero Ruiz cuenta con tres días para contestar la acción", explicó Echeguren.

La magistrada agregó que el Tribunal también dio intervención a la Fiscalía Electoral de Amambay, que deberá emitir un dictamen una vez concluida la etapa probatoria.

"Desde ahora se producirán las pruebas que ofrezcan las partes y posteriormente el Ministerio Público emitirá su dictamen", señaló.

Aunque la presidenta del Tribunal aclaró que no existe una fecha exacta para la sentencia, se estima que, atendiendo los plazos procesales, la resolución que definirá quién ejercerá legítimamente la Intendencia interina de Zanja Pytã podría conocerse durante la primera quincena de julio.

Mientras tanto, efectivos de la Policía Nacional mantienen una cobertura permanente en el edificio de la Municipalidad con el objetivo de preservar el orden y evitar nuevos incidentes, medida que continuará vigente hasta que el conflicto institucional quede resuelto.