Concejales de Zanja Pyta frenan convenio educativo y ponen en riesgo a 78 alumnos de Fortuna Guazú

Atentado contra la Educación: Los concejales Antero Ruiz Sanabria, Mirta G. Dávalos de Rolón, Saúl Rodrigo Salinas Rolón y Leonor Sánchez López votaron por el rechazo del convenio entre el MEC y la Municipalidad de Zanja Pyta, una decisión que perjudica a 78 alumnos del Instituto Profesional Agrícola de Fortuna Guazú y amenaza con el cierre de la institución en 2026.
Concejales de Zanja Pyta frenan convenio educativo y ponen en riesgo a 78 alumnos de Fortuna Guazú

Los concejales Antero Ruiz Sanabria, Mirta G. Dávalos de Rolón, Saúl Rodrigo Salinas Rolón y Leonor Sánchez López fueron los responsables directos del rechazo del convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y la Municipalidad de Zanja Pyta, una decisión que golpea de lleno a la educación rural y a la comunidad de Fortuna Guazú.

La situación genera aún más indignación porque Antero Ruiz Sanabria es oriundo de la propia comunidad de Fortuna Guazú, sin embargo, con su voto se alineó en contra de un proyecto que buscaba fortalecer la formación técnica, productiva y emprendedora de los jóvenes del lugar.

El convenio rechazado tenía como finalidad beneficiar directamente a 78 alumnos del Instituto Profesional Agrícola (IPS), mediante la implementación de sistemas agropecuarios sostenibles, prácticas productivas y apoyo institucional, sin representar un compromiso financiero inmediato para el MEC. A pesar de ello, los cuatro concejales optaron por bloquear el acuerdo.

Desde la comunidad educativa advierten que esta postura no solo frena el desarrollo académico, sino que pone en serio riesgo la continuidad del IPS, que podría verse obligado a cerrar sus puertas en el año 2026 si no se generan mecanismos de apoyo institucional.

Padres, docentes y pobladores de Fortuna Guazú califican la decisión como un acto irresponsable y contrario a los intereses de la educación, señalando que los ediles priorizaron posturas políticas por encima del derecho de los jóvenes a formarse y progresar en su propia comunidad.

La determinación de estos concejales deja en evidencia una postura que va en contra del desarrollo educativo y social del distrito, generando un profundo malestar y el reclamo de que la Junta Municipal reconsidere su decisión antes de provocar un daño irreversible a la educación rural.

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